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CHELITO DE CASTRO: UN GENIO MUSICAL.

From: LOOR  NAISSIR
Date: 18 Aug 2001
Time: 01:40:55
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EL HERALDO / GENTE:La Revista del Sábado.

Sábado 18 de agosto de 2001.

Apenas terminó de grabar con Juanes el tema “Fíjate Bien”, nominado a los premios Grammy (Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor canción rock), Chelito De Castro presintió que iba a ser un fenómeno musical por la armonía rítmica lograda entre el vallenato y el rock.

Nuestro polifacético músico aterrizó en Los Angeles, California, el Miércoles de Ceniza del año pasado, después de trabajar en el Carnaval de Barranquilla, y en un abrir y cerrar de ojos se vio metido en un estudio de grabación.

Era la primera vez que veía en persona a Juanes. Lo había recomendado Luis Ángel Pastor, director del grupo de Carlos Vives.

Lo primero que le dijo fue: “Quiero que le inyectes yuca frita a mi rock”. Era lo único que le faltaba hacer a Chelito en su carrera musical. En los primeros minutos se dedicó a inventar la melodía y a la media hora escuchó los gritos del productor de Juanes, Gustavo Santaolalla: ¡Grande!, ¡Grande!, ¡Grande!.. Él también está nominado como Mejor Productor.

Chelito con Juanes, el productor Gustavo Santaolalla y el asistente Anibal Keppel.

Esa aprobación lo hizo crecer profesionalmente. En una hora grabó el tema que hoy es noticia en Latinoamérica y se escucha sin parar.

Durante la presentación que Juanes hizo recientemente en Barranquilla le dijo que se preparara para que lo acompañara en su actuación en la ceremonia de entrega de los Grammy, que se transmitirá el 11 de septiembre por televisión a más de cuarenta y cinco países.

Juanes está nominado además como Mejor nuevo artista, Mejor solista vocal para álbum en rock y Mejor video musical.

Para Chelito es un inmenso honor actuar al lado de un colombiano con tantas nominaciones para este premio.

Es un paso más en su fructífera carrera que comenzó cuando era un niño. Todavía recuerda como si fuera ayer cuando su papá, don Chelo De Castro, le regaló un acordeón. Tenía ocho años y desde entonces aprendió a tocar de oído.

A los diez años se ganó un concurso de canto en el Colegio Sagrado Corazón. Estando en bachillerato en el Colegio Colón formó un conjunto vallenato y era la lira mayor de la Banda de Guerra.

En Bellas Artes duró poco tiempo. La razón: lo expulsaron porque lo sorprendieron “sacando” melodías tropicales desatendiendo las clases de música clásica.

Su mejor escuela fue el garaje de la casa de Adolfo Echeverría, quien le permitía usar todos sus instrumentos. “Allí sí me daba gusto. Además me dio la oportunidad de trabajar con él” Su nombre comenzó a sonar a nivel internacional después de grabar con Joe Arroyo, quien lo conoció a través de su pianista Víctor Del Real.

En los temas “En Barranquilla me quedo”, “Mi Mary” y “No le pegue a la negra”, se destacan sus solos de piano.

Chelito formó su propia orquesta que duró poco tiempo por el incumplimiento de los músicos. Ha grabado cuatro canciones con Julio Iglesias, una con José Luis Rodríguez, dos con Ana Gabriel y ocho con Amparo Sandino; todas con acordeón. El año pasado acompañó a Carlos Vives como acordeonista en una presentación en República Dominicana, organizada por Emilio Estefan y el beisbolista Samy Sosa.

Como él mismo dice, “se me han cumplido muchos de mis sueños”. Todavía tiene un largo camino por recorrer. Son éxitos tras éxitos y premios tras premios.

Acordeonista, pianista, guitarrista y bajista. Chelito De Castro toca lo que le pongan. Además canta y compone, y es arreglista y productor musical de varios conjuntos vallenatos y de orquestas como la de Joe Arroyo, Juan Carlos Coronel y Checo Acosta.

Es un artista polifacético con proyección internacional. No hay fusión rítmica que se le escape a su oído afinado. Su disciplina lo ha llevado al lugar donde hoy está.

*Fotos: FAVIANA PATIÑO.

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La génesis del contrato de asociación.

From: Rodolfo Segovia Salas.
Date: 05 Mar 2003
Time: 06:53:00
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~Introducción: El propósito de esta monografía es explorar las circunstancias que gestaron la implantación del Contrato de Asociación, con Ecopetrol como fideicomisario del subsuelo. No se trata, por lo tanto, de estudiar su estructura jurídica o sus consecuencias económicas. El Contrato de Asociación, tránsito colombiano del sistema de concesión a un control efectivo del recurso petrolero, constituyó un hito en la historia de las relaciones entre el país y las compañías del ramo, y, durante algún tiempo, encontró imitadores. Sin ser, ni mucho menos, revolucionario, recogió elementos dispersos de otras legislaciones y modalidades de contratación y los volcó en un sencillo contrato de adhesión. Tanto la suscripción de los contratos como su clausulado son competencia exclusiva de la junta de Ecopetrol. No está sujeto a condicionamientos administrativos o políticos del alto gobierno o de los legisladores en su aplicación, libertad que contribuye a su gran agilidad. Es tan simple y acertada su redacción que después de haberse suscrito por centenares no ha dado lugar a reclamación judicial alguna derivada de su interpretación. Situación que contrasta con la agitada vida jurídica del régimen de otorgamiento de concesiones, que sobrevivió hasta 1974. A través de los años, se le han introducido cambios al Contrato, pero estos tienen que ver, no con su esencia, sino con modificaciones en las cláusulas económicas para acomodarlas a las coyunturas del negocio petrolero. ~La Ley 20 de 1969 El 22 de septiembre de 1969, el presidente Carlos Lleras Restrepo y su ministro de minas y petróleos Carlos Gustavo Arrieta firmaban la ley 20, instrumento jurídico que abrió la puerta para que los Contratos de Asociación petrolera sustituyeran al régimen de concesión. La ley consta de 16 artículos, pero sólo los números 12 y 13 se ocupan de los hidrocarburos; los demás se refieren a la minería. Sencillos, podría decirse diáfanos, han sustentado el marco legal para la búsqueda y explotación de la mayor parte de los hidrocarburos colombianos durante los últimos 30 años. ~Artículo 12. El Gobierno podrá declarar reserva nacional cualquier área petrolífera del país y aportarla, sin sujeción al régimen ordinario de contratación y de licitación, a la Empresa Colombiana de Petróleos para que la explore, explote o administre directamente o en asociación con el capital público o privado, nacional o extranjero. Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo no afecta las expectativas de derecho creadas por propuestas formuladas con anterioridad a la providencia que declare la reserva de la zona respectiva. ~Artículo 13. Las normas contenidas en el artículo 1º de esta ley se aplicarán también a los yacimientos de hidrocarburos (Artículo 1º: Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la presente ley, sólo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos). La ley 20 no inventó el Contrato de Asociación, como a veces se afirma. Este había sido diseñado por Ecopetrol 15 años antes. Para la época de su expedición ya se encontraba en explotación un exitoso contrato (1956) cuyo operador era la Cities Service Petroleum Corporation en Payoa, Santander. En 1964 se pactó con Tennessee Colombia S.A la exploración de zonas aledañas a la concesión De Mares, que preveía reparto del petróleo 50/50 después de regalías. Sólo que antes de llegar esos acuerdos, Ecopetrol y/o los asociados debieron esperar turno bajo el régimen vigente, como cualquier hijo de vecino interesado en tramitar una concesión ante el ministerio de Minas y Petróleos. A partir de la ley 20, existiría un instrumento jurídico para otorgarle la preferencia a Ecopetrol. El contrato de operación conjunta -como se le llamaba entonces- con la Tennessee sirvió de modelo para los Contratos de Asociación que Ecopetrol comenzaría a suscribir desde 1970 , sobre las áreas aportadas a la Empresa por el ministerio de Minas y Petróleos. Con una excepción fundamental: los nuevos acuerdos serían contratos de riesgo, donde el asociado corría por su cuenta con todos los gastos de exploración. Ecopetrol sólo entraría a hacerse cargo de inversiones de desarrollo una vez ocurriera un descubrimiento comercial. La Empresa hacía valer así su condición de única depositaria del recurso, lo que la facultada para remunerar al asociado como le pareciera. Empero, subsistía en la ley 20 un vacío, que se criticó duramente. A pesar de la declaración con que despunta su articulado, "Artículo 1º: Todas las minas pertenecen a la Nación...", que reiteraba y aclaraba, de una vez por todas, un principio frecuentemente puesto en duda a lo largo del siglo XX, el último inciso del artículo 12 abría una tronera. El ponente en el Senado, Hernando Durán Dussán, ex ministro de Minas y Petróleos, se declaraba perplejo porque el inciso le otorgaba "a las expectativas de derecho, el carácter de derechos adquiridos..." y contrariaba "las normas de nuestro régimen jurídico" y su interpretación legal. Ya desde 1887, la ley había consagrado que "las meras expectativas no constituyen derecho contra ley nueva que las anule o cercene". El ponente acertaba, no sólo por las observaciones de ley, sino porque si la intención implícita del gobierno era devolverle a la Nación la plena posesión del recurso petrolero a través de Ecopetrol, la legislación estaba quedando incompleta. Lo que había de por medio eran las solicitudes de concesión formuladas al ministerio por las compañías privadas. En todas las zonas sobre las que no pesase una declaratoria de reserva expresa, tendrían prioridad sus pretensiones, expresadas o por expresar. El régimen de concesiones continuaba vigente, aunque a Ecopetrol se la eximía de someterse a los trámites ordinarios, mientras las extensiones que deseara no tuvieran novio. A los maximalistas aquello podía bien parecerles muy tímido. Preferían cortar de un tajo. El moderado beneplácito con que las compañías extranjeras recibieron la nueva ley parecía una razón más para sospechar sus alcances. Y les asistía algo de razón. En efecto, desde la concesión De Mares (1905), y sobre todo después de su traspaso a la Tropical Oil Company , y desde que su vigencia, para efectos de reversión, comenzara a contarse desde 1921, el ministerio de Obras Públicas primero y el de Minas y Petróleos desde su creación en 1940, hicieron gala de singular inoperancia en materia de manejo de solicitudes de concesión. Aún dentro de los mediocres estándares de la burocracia colombiana, la lentitud de los trámites era desesperante. Como no apremiaban las respuestas, en parte porque el país exportador de petróleo no las necesitaba urgentemente, la documentación y las verificaciones topográficas se movían con parsimonia. Se consagró, eso sí, un principio según el cual, la sola presentación de la solicitud, así fuese necesario después corregirla por errores voluntarios o involuntarios, congelaba el área a favor del proponente. No es de sorprenderse, pues, que naciera el mito "Colombia, país de reserva petrolera" y su corolario: el del "petróleo descubierto y dejado sin explotar en los pozos", en un negocio dominado por la Siete Hermanas . Ya expedida la ley 20 y durante un tiempo todavía, las grandes compañías petroleras continuarían haciendo uso de los resquicios que les dejaba la normatividad. A sabiendas, el ministro Carlos Gustavo Arrieta, prudente como era característico en él, se hacía la reflexión que lo mejor es con frecuencia enemigo de lo bueno. ~El entorno mundial Haciendo caso omiso de las vehementes exigencias por parte de la izquierda, que, en plena Guerra Fría, clamaba por una tajada mayor de la renta petrolera, el ministro Arrieta escogió el camino que había madurado largamente -era ministro desde 1965 . Para entender, sin embargo, como llegó Colombia al umbral del Contrato de Asociación es útil recordar la evolución de las relaciones de las transnacionales del petróleo con los gobiernos de los países donde operaban . Ese es el marco de referencia para lo que ocurrió en Colombia a fines de 1969. El recuento se limita a los hechos después de la II Guerra Mundial, aunque circunstancias anteriores como la expropiación mexicana de la industria petrolera por Lázaro Cárdenas en marzo de 1938 y, sobre todo, la ley venezolana de petróleos de 1943, que estableció la división de la renta por mitades entre la nación y las compañías son antecedentes significativos. México inflamó la imaginación de los líderes comunistas locales e inspiró la agitación sindical que precedió la constitución de Ecopetrol entre 1947 y 1951, al revertir la concesión De Mares . Venezuela condujo a estudiar más a fondo la contribución de las concesiones a la economía nacional y a experimentar por las vías legales maneras de incrementar la participación colombiana, sin desestimular la búsqueda de hidrocarburos. En 1943, con la II Guerra Mundial de por medio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera prudente ser flexible frente a las aspiraciones venezolanas e induce a la Standard Oil a aceptar el reparto el 50/50. El espectro de México no estaba tan lejos y la manera como la Standard había obtenido algunas de sus concesiones en el país vecino dejaba quizá mucho que desear. Lo sucedido en Venezuela no pasa desapercibido en el Medio Oriente. Surgen presiones desde Riad y cuando estalla de la Guerra de Corea, de nuevo el Departamento de Estado media para que las socias de Aramco acepten cederle el 50% de la renta petrolera a los sauditas. Sus suministros son vitales para el ejercito de las Naciones Unidas. Dos años más tarde la Gulf y su socio la Anglo-Iranian Oil Company (hoy BP) entran en un acuerdo similar con Kuwait. En Irán, sin embargo, los eventos no serían tan cordiales. Ese país era la provincia exclusiva de la Anglo-Iranian Oil Company, en la que el gobierno inglés poseía una participación de 51. Nación pobre y políticamente desvertebrada, se unía alrededor del odio contra quienes explotaban su principal recurso. En 1950, el shah Palavi, estimulado por el ejemplo de sus vecinos, insiste en una mayor participación de la renta petrolera. La inflexibilidad de la Anglo-Iranian lleva al poder, en 1951, a Mahommed Mossadegh, quien la nacionaliza. Siguen dos años turbulentos y el exilio del shah hasta cuando los propios errores del Dr. Mossadegh y la intervención de la CIA propician el regreso de Palavi. Pero el daño está hecho. El nuevo consorcio de compañías americanas con la Anglo-Iranian debe reconocer a la recién creada National Iranian Oil Company (NIOC) como la dueña de los yacimientos a nombre de la Nación, así preserven el reparto 50/50 y conserven, por el momento, total autonomía como operadores. Es un hito en la industria; se acepta explícitamente que el petróleo pertenece a Irán. En 1957, este principio queda dramáticamente comprobado cuando Enricco Mattei, el inquieto patrón de ENI, la compañía petrolera estatal italiana, entra en un consorcio con NIOC que estipula un 75% de los beneficios para Irán. Nunca se explota petróleo bajo el convenio; poco después de su perfeccionamiento, Mattei muere en un extraño accidente de aviación cerca de Milán. Durante la crisis de la nacionalización del canal de Suez y la agresión franco-inglesa (y de Israel) contra Egipto en 1956, que interrumpe el flujo normal de petróleo hacia Europa desde el Medio Oriente, existe suficiente crudo sobrante en el resto del mundo, y en particular en los EE.UU., para abastecer las necesidades de los países desarrollados . Tendrá que darse la fenomenal irrupción de la cultura del petróleo en los 15 años siguientes, para que los árabes e Irán se transformen en dueños preponderantes del recurso, pongan en jaque a las naciones más poderosas y ricas del universo y logren capturar la casi totalidad de la renta proveniente del crudo. Durante ese mismo periodo, los descubrimientos gigantes alrededor del golfo Pérsico se suceden uno tras otro, y si la demanda aumenta, la oferta aumenta aún más rápidamente desde yacimientos con un ínfimo costo de producción. Las cifras son descomunales: ~Millones de barriles por día: 1948 / 1972 Producción de petróleo 8.7 / 42 Consumo de petróleo: EE.UU. 5.8 / 16.4 Europa Occidental 1 / 14.1 Japón 0.1 / 4.4 La producción en el Medio Oriente aumenta de 1.1 a 18.2 millones de barriles, mientras que los EE.UU., un país que estaba aplicando internamente recortes de producción para mantener los precios y que, por lo tanto, fungía como país de reserva, se convierte en importador a pesar de incrementar la extracción de 5.5 a 9,5 millones de barriles. Las cifras de reservas probadas son igualmente dramáticas: en el Medio Oriente pasan de 24 a 367 mil millones de barriles. Se van dando así poco a poco las condiciones para que los países productores, que hasta 1960 actuaban aisladamente frente a las compañías, converjan para presentar un frente común de negociación. La tregua del 50/50 no dura mucho tiempo. Ya había sido quebrada en 1953 por independientes como Jean Paul Getty, que, en la Zona Neutral entre la Arabia Saudita y Kuwait, paga el peaje de un arribo tardío. También la quebrantan los japoneses en 1957. Poco después (1958), la SOHIO (Standard Oil de Indiana) llega a acuerdos aún más favorables con el shah en un consorcio que, diferente al del infortunado Mattei, sí descubre petróleo. Este es el clima propicio para que el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de minas del presidente Rómulo Betancur, avance en 1960 el concepto de crear una Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y encuentre eco en su contraparte saudita, el llamado emir rojo, Abdullah Tariki. Podría pensarse que en 1960 no existe aún la coyuntura favorable para acoger la iniciativa de Pérez Alfonso: el mundo está en capacidad de producir más petróleo del necesario. Paradójicamente, esto mismo sirve de detonador. La base del reparto 50/50 en dinero es el precio de referencia definido por las compañías durante las negociaciones y que se fija cerca de los 2,50 dólares por barril . Hacia fines de la década de los cincuenta, y sobre todo a partir de la imposición de cuotas de importación de petróleo a los EE.UU. en 1959, ese precio no refleja las realidades del mercado. La oferta transable supera con creces la demanda y el crudo se vende con descuentos. Al negociarse el petróleo por debajo del precio de referencia, los países productores reciben en realidad más del 50% de la renta. En 1959, las compañías, lideradas por la Standard Oil de New Jersey, deciden limitar sus pérdidas y bajar unilateralmente el precio de lista. La OPEP, constituida formalmente en septiembre de 1960, galvaniza a los grandes países productores. Si bien su creación no tiene un decisivo impacto inmediato -existen internamente demasiadas contradicciones entre naciones rivales, que compiten por el mismo insuficiente mercado- los hasta ese momento amos casi absolutos del negocio quedan notificados que el unilateralismo, impuesto a países aislados, es cosa del pasado. El descubrimiento de gigantes no se detiene. Aparecen grandes yacimientos en Argelia, Nigeria y Libia. Al mismo tiempo se multiplican las compañías de todos los tamaños que operan en los países productores. En el gran desierto que va desde Pakistán hasta el Atlántico, el número actores pasa de 9 en 1946 a 81 en 1970. Son todavía, sin embargo, las Siete Hermanas las que emparejan la oferta y la demanda para evitar que los precios se desplomen. OPEP o no OPEP, este juego agudiza la competencia entre los países que se disputan una mayor tajada del mercado y presionan a su compañía líder a extraer más petróleo. Esa tendencia a la sobreproducción inspira las iniciativas de Pérez Alfonso. Él sabe que a pesar de sus enormes reservas, los costos de producción de Venezuela son mayores que los del Medio Oriente. La pueden sacar del mercado. Por la misma razón, para proteger a los productores domésticos, los EE.UU. han establecido cuotas de importación de petróleo. Estas condiciones prevalecen hasta fines de los años 60, al punto que la crisis desatada por la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus vecinos en 1967 no provoca racionamientos en los países consumidores. Se cierra de nuevo el canal de Suez y los productores árabes decretan un embargo contra EE.UU., el Reino Unido y Alemania. No les funciona. ~Los antecedentes inmediatos No les funciona, pero el campanazo acelera la tendencia a que el productor de petróleo de bajo costo ceda terreno ante el suministrador seguro, aún si hay que buscar petróleo debajo del mar del Norte, en la tundra de Alaska o en las junglas de Sur América. Esto último es el antecedente más próximo del Contrato de Asociación. El potencial petrolero colombiano, por marginal que pudiese ser, adquiere relieve. El petróleo en Colombia, como en casi todas partes, había sido materia de controversia desde antes de su descubrimiento por el pozo Infantas 2 -en la concesión De Mares- en 1918. Por entonces, su sombra enreda el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los EE.UU. después de la pérdida de Panamá y precipita la renuncia del presidente Marco Fidel Suárez. Desde el principio, el reto consiste en delinear la delicada frontera entre el estímulo a la exploración y el regalo del recurso. La política oficial es blanco de recurrentes críticas a través de los años. En el papel, cualquier arreglo con los recursos naturales, por bueno que sea, es siempre susceptible de ser mejor. Además, la visibilidad y rentabilidad del petróleo, y su peso estratégico, lo convierten en vehículo privilegiado de legítimas aspiraciones sindicales y desbordadas ilusiones socialistas, y en campo de confrontación de potencias por el dominio mundial. A lo que se añade el escollo creado por la inflexible posición de quienes no aceptan la presencia de la inversión extranjera por razones ideológicas. En un ambiente tan contestatario nunca fue fácil balancearse en la cuerda floja entre lo posible y lo deseable. La proximidad de Venezuela, con sus abundantes reservas petroleras, complicaba aún más la maraña. Casi al unísono, los colombianos deseaban que en su patria apareciera tanto crudo como donde los vecinos. No se entendía -y no se entiende- que, por la subducción de las placas tectónicas en las páleofronteras marinas del país y la orogénesis de sus tres cordilleras andinas, el ambiente geológico es muy distinto y menos favorable. La difundida noción de que, dentro del reparto universal de los grandes actores de la industria, Colombia era un país de reserva petrolera nacía de exageradas nociones sobre la riqueza de sus entrañas. Concepto reforzado por la laxa normatividad del régimen de concesiones (corregida parcialmente por la ley 10 de 1961), que permitía la congelación de extensos territorios sin taxativas obligaciones exploratorias. La realidad imaginada era más halagüeña que la del tacaño rendimiento del subsuelo. El cálculo de rentabilidad en la búsqueda de petróleo dependía -y depende- no solamente de los términos que ofrecía el país anfitrión, sino también de la probabilidad de encontrarlo, del tamaño de los reservorios, la calidad del crudo y de la proximidad al mar para exportarlo. Resulta que en Colombia, hasta 1969, la relación de hallazgos comerciales a pozo exploratorio era de 1 a 13, proporción mediocre para un país del tercermundista, que además, tampoco se distinguía por sus grandes depósitos. Desde 1918, se habían descubierto apenas un gigante en De Mares y tres yacimientos significativos, con más de 250 millones de barriles de reservas en Casabe, en el Catatumbo y, recientemente, en el Putumayo . Por qué entonces había de intensificarse la búsqueda de crudos en zonas inhóspitas y lejanas, aún bajo los términos generosos hasta el exceso -según los críticos- de las concesiones nacionales, si frente a la abundancia universal se corría el riesgo de no ser un país de bajo costo. Colombia no era tanto un país de reserva como un país petroleramente marginal. El ajustar las percepciones a la realidad no siempre es viable. ¿Quién convencía a los colombianos de hace cuatro décadas acerca de las limitaciones de su subsuelo, en las condiciones tecnológicas y económicas de la época? ¿Y como se hacía para desterrar los determinantes ideológicos o los elementos demagógicos del debate? En un ambiente donde abundaban las diatribas, quien mejor articuló la posición nacionalista fue el ministro de Minas y Petróleos (abril de 1963 a septiembre de 1965) Enrique Pardo Parra. No porque adujera nada distinto de lo que argüía la oposición de izquierda, sino porque denunciaba con la autoridad de su alta investidura. Abogó por una política para "colocar a Colombia a la altura de otros pueblos que también son productores de petróleo" , unos años antes de que las condiciones para un viraje estuvieran maduras. Y, quizá, contribuyó a agudizar, por el desestímulo a la exploración que conllevaba su retórica y su insistencia en mantener el dólar petrolero a una tasa irreal, el amargo período de importación de crudos que vivió Colombia entre 1975 y 1985. Pero cuatro años después de haber dejado el ministerio, ya en circunstancias más propicias, sus reclamos ambientaron la ley 20 y muchas de sus ideas e iniciativas se vertieron en el clausulado de los Contratos de Asociación. Pardo Parra era consciente de la superproducción petrolera mundial, pero atribuía la acumulación de concesiones por las multinacionales y su la falta de diligencia en la exploración, no a la tipología del subsuelo colombiano sino a una conjura de los poderosos para relegarnos a país de reserva. Eso le llevaba a quejarse de un ritmo de exploración "notoriamente lento en comparación con la potencialidad petrolífera del país". Interpuso correctivos para paliar la congelación de tierras en las concesiones, que luego se incorporaron a los Contratos de Asociación. Señaló, con el respaldo que le otorgaba su ejercicio ministerial, lo ya sabido: el petróleo descubierto en las concesiones dejaba de pertenecer a la Nación y Ecopetrol se veía obligado a comprarlo a los concesionarios para las necesidades internas de refinación (a precios de referencia en los EE.UU., superiores a los del mercado mundial por la existencia del régimen norteamericano de cuotas y pagando el 75% de su costo en dólares escasos). En las futuras asociaciones, mediando inversiones en desarrollo por parte de Ecopetrol, la Empresa retendrá del 50% del crudo después de regalías. El ministro entendía que expropiar el petróleo conducía "a lo sumo a una autarquía petrolera que no es, desde luego, el ámbito en que negocios de esta dimensión se pueden mover". Dispuso eso sí que se organizaran y controlaran las cuentas del capital petrolero traído al país. La monetización de ese capital y las regalías eran la compensación que el país recibía de las concesiones (existía también un canon superficial por hectárea de concesión y un impuesto de oleoductos, pero esas eran cuantías menores). El ministro quería saber si las inversiones y sus intereses ya se habían amortizado, para estimar la verdadera rentabilidad de las compañías y del país. Ese concepto de recuperación de la inversión se convertiría mucho más tarde en uno de los elementos esenciales de los Contratos de Asociación. En 1964 se produjeron 171.027 barriles por día de petróleo, la cifra más alta en la historia del país hasta ese momento. Aproximadamente el 50% se consumía internamente. Buena parte del gas asociado se quemaba. El ministro Pardo Parra cerró los pozos que excedían la norma universal de máximo 2000 pies cúbicos de gas desperdiciados por barril de petróleo. Disposición ésta que quedaría incorporada en los Contratos. Pero su mayor inconformidad se centraba sobre la participación del Estado en la renta petrolera. La cifra oficial del gobierno, incluyendo el impuesto de renta pagado por las compañías, era del 39% . Los cálculos más contestatarios la reducían al 19%. Debe recordarse que para esta época el principio del 50/50 estaba ya firmemente establecido y aún excedido en muchos de los grandes países productores. Si bien ni la endemoniada geología colombiana, ni la significación del país en el concierto petrolero universal justificaban liderar reclamos por una mayor participación de la renta petrolera, preocupaba que el retraso colombiano tendiera a ser cada vez mayor. Así que apenas la Guerra de los Seis Días y el progresivo cierre de la brecha entre oferta y consumo crearon un entorno favorable, Colombia retomó las inconformidades de Pardo Parra. Con el Contrato de Asociación la regalía se aumentó del 11.5% al 20% (inicialmente se estableció una tabla que iba progresivamente del 16% hasta el 30% para más de 180.000 b/d) y como inversionista, Ecopetrol se hizo al 50% de la producción restante. A la postre, incluyendo el impuesto de renta del asociado, el Contrato izó la participación de la nación por encima del 75%. Hacia 1967 la situación de las reservas petroleras colombianas se había tornado angustiante. Era de prever que los 867 millones de barriles disponibles alcanzarían para que, con un crecimiento de la demanda del 6%, el país fuese autosuficiente sólo hasta 1973, a menos que se descubrieran nuevos yacimientos. Por otra parte, el Estatuto Cambiario expedido ese mismo año había introducido elementos que inquietaban a las compañías petroleras. Se preguntaban sobre la posible obligatoriedad de reembolsar al Banco de la República los dólares producto de sus ventas en el exterior o a Ecopetrol para refinación interna . La respuesta del gobierno fue pasar esas divisas a la categoría de no reembolsables. Inquirían además, sobre la congelación de la tasa de cambio del dólar petrolero, con la que Ecopetrol pagaba a los concesionarios el 25% de sus compras internas de crudo y a la que las compañías vendían divisas al Banco Central para sus inversiones petroleras. La tasa de cambio estaba lejana de la real vigente. El gobierno aumentó el dólar petrolero de 7,67 a 16,25 pesos colombianos. Como a pesar de estos estímulos no se incrementaba suficientemente la exploración, que había descendido a 17 pozos anuales del tipo A3 , el ministro Arrieta propone una más activa participación de Ecopetrol en exploración. Para ello sugiere entregar grandes bloques a la Empresa e insta a que ésta salga a promoverlos en el exterior, asociándose, ya que le era imposible acometer una labor de tanta envergadura por sí sola. La iniciativa de Carlos Gustavo Arrieta perseguía la consolidación de Ecopetrol como compañía petrolera aguas arriba. El énfasis de su Plan Quinquenal se centraba en refinación y petroquímica, por considerarlas inversiones más rentables y de menos riesgo. En exploración, la Empresa no había incursionado por fuera de la concesión De Mares, aunque el marco legal la facultaba para adquirir en concesión áreas prospectivas y explorarlas sola en cualquier esquina del país. La Empresa se apresuró a proponer decretos que la favorecieran y facilitaran su presencia en todas partes. Allí se estaba gestando el artículo 12 de la ley 20. Para las compañías que dominaban el panorama petrolero colombiano, como la Exxon o la Texaco, ya muy celosas entre ellas, la decisión de Ecopetrol representaba el ingreso de un competidor de peso. Su respuesta fue multiplicar las solicitudes de concesión para congelar extensiones explorables, aunque no necesariamente para incrementar la exploración. Carlos Gustavo Arrieta no descansaba. Con el concurso de los Drs. José Chalela y Gabriel Cerón , experimentados abogados de la Empresa, se completó un prolijo estudio jurídico de la legislación existente, donde se demostraba a las claras que sin un más sólido marco legal era imposible favorecer a Ecopetrol. El ministro advertía "sobre el peligro de montar una política en materia tan delicada como la petrolera sobre una base jurídica inestable" . Para robustecer la base legal, el Dr. Arrieta consideró la posibilidad de introducir un artículo en un decreto expedido vía las facultades concedidas por el legislativo para la reorganización de la administración publica. Desistió, sin embargo, al estimar que podrían surgir dudas y pleitos acerca de aplicabilidad de dichas facultades a la materia petrolera. Resolvió entonces incluir un artículo especifico para Ecopetrol dentro el proyecto de ley que llevaría al Congreso sobre cuestiones mineras. La primera redacción del que se convertiría en el artículo 12 de la ley 20 de 1969 fue considerada en la junta directiva de Ecopetrol el 3 de octubre de 1968. El ministro expuso que su intención era dejar abiertos los dos caminos: el del Código de Petróleos, que quedaría vigente para las concesiones, y el de la nueva ley para que Ecopetrol pudiese negociar directa y ventajosamente en las áreas que escogiese. La prudencia aconsejaba evitar confrontaciones con socios potenciales que resultaban indispensables para conjurar el espectro de las importaciones de petróleo. Estas parecían inevitables a pesar de que, gracias a los nuevos yacimientos de Orito en el Putumayo, Colombia produjo en 1970 un total de 218.004 barriles por día, el volumen más alto de su historia hasta la iniciación de la explotación en Caño Limón (1985). ~Epílogo Carlos Gustavo Arrieta articuló de manera expresa en la junta de Ecopetrol de enero 23 de 1969 cual era su propósito: "...se busca ir eliminando, en la medida que las circunstancias lo permitan, el sistema de concesión, para llegar a un régimen jurídico a través de la Empresa para que ella pueda contratar las exploraciones y explotaciones de petróleo en el país...". Todo lo que ataña al petróleo debe correr a cargo de Ecopetrol "que lo maneja con criterio netamente comercial" . Como ministro no llegó tan lejos. Su condición de jurista íntegro lo sensibilizó hasta para la mera sospecha de derechos adquiridos y además, pesaba en su ánimo lo que él mismo haría público: "las disposiciones colombianas se acomodan a la mentalidad un tanto evolutiva del país, manteniendo buenas relaciones con las compañías privadas...". Al llegar 1974, ya la "delicada frontera" entre el estímulo y la participación en la renta se había corrido a favor del país. La mesura del ministro Arrieta aceptaría límites más amplios. A principios de la década la superproducción de petróleo había dejado de existir. En Libia, el triunfo del recién llegado (1969) coronel Ghaddafi sobre la vulnerable Occidental del Dr. Hammer, sometida a negociar bajo la amenaza de expropiación, obliga a todas las compañías en el Medio Oriente a ceder participación adicional de la renta petrolera y, lo que era más comprometedor, a entenderse directamente con la OPEP. El mundo controlado de las Siete Hermanas, con su integración del pozo a la bomba de gasolina hacia agua. Todavía no existía, sin embargo, un mercado abierto y transparente para el petróleo. Iba a llegar, porque los grandes países productores reclamaban no ya una mayor renta, sino la propiedad de sus recursos. Gradualmente comenzaron a obtenerla. Era el fin de las concesiones. Y para redondear el panorama, acosado por la inflación, el presidente Nixon ponía fin, abril de 1973, al sistema de cuotas de importación de crudos, que había regido desde 1959. El día de la solemne fiesta judía de Yom Kippur, octubre 6 de 1973, tropas egipcias cruzan el canal de Suez. Octubre 15: los inicialmente atónitos israelitas contraatacan. Octubre 20: los países árabes decretan el embargo de sus remesas de petróleo hacia los EE.UU. El mundo desarrollado no controla ya suficientes reservas para que sustituir el crudo perdido. Por esos mismos días, se rompen en Viena las negociaciones entre las compañías y la OPEP. Octubre 16: los países del golfo Pérsico, liderados por el Sheik Yamani, ministro de petróleos de Arabia Saudita, ajustan unilateralmente el precio de lista a US$ 5.11. Ahora los unilaterales son los otros; es el fin de una era. Hacia el futuro, los productores no tendrán por qué sentarse a negociar con las compañías. Las largas líneas de automóviles en busca de gasolina en las bombas de los EE.UU. demuestran la efectividad del embargo; la OPEP emerge triunfante. El precio se estabiliza alrededor de US$ 12 el barril. Las condiciones están dadas para que Colombia retome posesión plena de su geografía exploratoria, a su manera y dentro de su relativa modestia petrolera y de capital. El 28 de octubre de 1974, el gobierno del presidente Alfonso López M. dicta el decreto legislativo 2310 de emergencia económica: ~Artículo 1. Con excepción de los contratos de asociación vigentes en la fecha de expedición del presente decreto, la exploración de hidrocarburos de propiedad nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá llevar a efecto dichas actividades directamente o por medio de contratos de asociación, operación de servicios, o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Se cerraba el círculo. No mas concesiones petroleras . Se hacía realidad la visión de hombres como el Dr. Ernesto Arango Tavera, miembro de la junta directiva de Ecopetrol, quien proponía en 1965: "... el ideal sería que una norma legal dispusiera que todo terreno susceptible de contener yacimientos petrolíferos fuera negociado por Ecopetrol" . No faltaba sino el decreto 743 de 1975, que al reglamentar parcialmente la legislación del presidente López, establece que los contratos de asociación son de derecho privado y se someten a la jurisdicción civil. Ecopetrol sería la encargada de administrar, con la flexibilidad que le da la normatividad privada, el subsuelo petrolero de Colombia. No le queda sino asesorar al gobierno para mantener la competitividad de la exploración y manejar escrupulosamente el Contrato, como lo ha hecho durante más de 25 años.